Aeropuertos (IV): “Navidades” militarizadas
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www.laexcepcion.com (31 de diciembre de 2010). Publicado previamente en El Blog de Cordura

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“Navidades”. Nunca nos cansaremos de insistir en lo absurdo que resulta acotar la felicidad... Pero es aún peor que se violen las treguas.

«Sólo en la concepción del “Estado total” fascista puede confundirse entre el Estado y una empresa, entre el Estado de derecho y el Estado productor, y sólo allí puede criminalizarse el desbarajuste laboral como si fuera un motín contra la patria» (José María Ruiz Soroa, abogado, El País, 16.12.10 ).

De repente, los controladores ya no están de moda, pero siguen militarizados. Entre turrones, loterías, regalitos, borracheras y “buenos sentimientos” navideños, el tema está olvidado. Momento que aprovecha el gobierno para privatizar las torres de control aéreo (¿todo encaja?). Mientras ese colectivo tiene, “casualmente”, sus derechos sindicales mermados.

Paralelamente, y según el guión previsto, los controladores son denunciados por el franquista (y esperpéntico) “delito de sedición”. El estado de alarma prorrogado hace estragos cuando, desde hace casi un mes (y subiendo), reina una absoluta normalidad en el tráfico aéreo.

Asusta tanta vileza, seguro anticipo de atropellos adicionales. Aunque la verdad es que muchos españoles parecen encantados. Y a la mayoría le da más o menos igual.


Recordatorio de las graves irregularidades del caso

Sin pretender exhaustividad, ofrecemos a continuación la lista de fechorías jurídicas presentes en esta historia (las referencias documentales y el grueso de los argumentos se encuentran en las anteriores entregas sobre el asunto en nuestro blog, aunque reitero una mención especial a los excelentes análisis de Andrés de la Oliva, que sin duda ofrecen múltiples detalles adicionales):

Probable violación del artículo 116.2 de la Constitución, según el cual «el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros [cosa que es dudoso que se hiciera formalmente] por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto [algo que no tuvo lugar] y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo [pero la prórroga es por un mes]».

Probable conculcación de otro artículo constitucional, el 117.5: «La Ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense [cuesta horrores concebir que los profesionales del control aéreo pertenezcan estrictamente a ese ámbito] y en los supuestos de estado de sitio [lo que se ha decretado es alarma], de acuerdo con los principios de la Constitución».

Incumplimiento de los requisitos de la propia la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, cuyo artículo 4 exige que para declarar el estado de alarma ha de haber, como parece que fue el caso, «paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad», pero además debe darse «alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo», lo cual no ha ocurrido.

Posible irregularidad en la aplicación de esa misma Ley Orgánica 4/1981, según la cual la «autoridad competente» durante el estado de alarma «será el gobierno», es decir, la instancia civil, no la militar.

Invocación de una norma de origen franquista, la Ley 48/1960, que además alude a «aeropuertos o aeródromos privados» (destacado añadido), lo que ilegitima su uso para este caso (eso sí, una vez culminen las privatizaciones en marcha, ese franquismo cobrará mayor vigencia legal).

Inexistencia de «normativa vigente», requerida por el artículo 12.2 de la mencionada Ley Orgánica 4/1981, sobre «movilización» (militarizadora), a pesar de que en su decreto el gobierno invocó dicho artículo. La ley en que a su vez se basaba aquel artículo es la 50/1969 –también franquista–, pero lleva años derogada.

Invocación de la también franquista Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea, de 1964, para imputar delito de sedición a los controladores por su plante del pasado día 3 de diciembre, presuponiendo además que hubo abandono colectivo (y seguramente dando por hecho que fue concertado). Sobre esa base, que raya lo surrealista cuando se lee el articulado de esa ley (con detalles claramente alusivos a un contexto rancio y supuestamente extinto), la fiscalía pide hasta ocho años de cárcel para los controladores, en particular sus “cabecillas” (terminología igualmente franquista, según apunta José María Ruiz Soroa).

Posible tergiversación del artículo 6.2 de la ya reiteradamente citada Ley Orgánica 4/1981 en relación con el «alcance» de la prórroga del estado de alarma. El mismo, según dicha ley, puede ser establecido por el Congreso, pero no está claro que aluda al plazo y no al «ámbito territorial» del que habla el artículo 116.2 de la Constitución.

Afirmaciones sospechosamente vagas (¿rotundamente falsas?) del decreto que prorroga el estado de alarma, negando que hubiera ya normalidad en el momento de ser promulgado (hacia el 15 de diciembre), cuando todos los indicios mostraban lo contrario.


Conclusiones (pero no finales)

No es raro que, en medio de tanto (des)propósito maligno, se pregunte Ruiz Soroa en el texto ya citado:

«¿Hemos perdido el juicio? ¿Se nos han olvidado los requerimientos mínimos de una sociedad liberal? ¿Cómo podría ser delito el incumplimiento de un contrato laboral? ¿Cuál sería el bien jurídico protegido por la norma? ¿El funcionamiento y los beneficios de AENA? ¿La producción nacional? ¿Por el hecho de arruinar las vacaciones a cientos de miles de ciudadanos se puede ir a la cárcel?»

Y todo ello, sin entrar en la otra versión de la historia, la suya, de ese colectivo primero verbalmente linchado, requisito imprescindible para luego poder atropellarlo (i)legalmente. Una versión que, gracias a Dios, también se ha dado a conocer, aunque haya sido aprovechando resquicios entre tanto abuso gubernamental y griterío sensacionalista (ver 1, 2 y 3).

El oscuro Pérez Rubalcaba, presidente de facto de este gobierno fascistizado y servil al capitalismo más voraz e imperial, afirmó al hilo del presente conflicto que «quien le echa un pulso al Estado pierde». Pero lo cierto es que, con toda la evidencia disponible, no es otro que el propio gobierno quien ha echado un pulso al estado de derecho. Un auténtico golpe de estado camuflado bajo medidas pseudolegales.

Y lo peor es que, con la complacencia y/o pasividad generales, lo está ganando.

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