Régimen militar en los aeropuertos (II): El momento del Poder
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www.laexcepcion.com (11 de diciembre de 2010). Publicado previamente en El Blog de Cordura

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«El momento de sobrevivir es el momento del poder. El espanto ante la visión de la muerte se disuelve en satisfacción pues no es uno mismo el muerto. Éste yace, el superviviente está de pie.»
(Elías Canetti, Masa y poder)

Ha dicho la ministra Chacón que decretar el estado de alarma fue una decisión «valiente». A uno le cuesta ver mucha valentía en ese pisoteo a una minoría tan escasa y socialmente tan denostada de antemano. Valiente sería enfrentarse al Imperio cuando exige vasallaje militar, pero ya sabíamos, y ahora la equívoca WikiLeaks no ha hecho sino confirmarlo, que este gobierno se caracteriza por rendírselo de la manera más servil incluso sin exigencia previa. Valiente sería enfrentarse a “los mercados” y sus voceros, pero Zapatero y Salgado son poco más que títeres temblorosos en sus manos. Valiente sería resistir las intromisiones y calumnias del poderoso jefe del Vaticano, pero los actuales gobernantes españoles, esos “laicistas radicales”, no han hecho sino aumentar los privilegios de esa peculiar superpotencia y ponerse de rodillas ante su arrogancia. Arrollar con la máquina del poder a unos cuantos centenares de trabajadores, por “privilegiados” que sean, es más bien signo de la peor de las cobardías, la cobardía moral. Ésa que, entre otras cosas, suele mostrarse débil con los fuertes y fuerte con los débiles.

Y de eso se trata. De un gobierno trémulo y enclenque, conocido por sus titubeos, su falta de fuste moral y de firmeza, que ahora la finge recurriendo al eslabón más débil pero sabroso. Segura del aplauso de las masas, cuya natural envidia lleva años fomentando, la bestia que anidaba dentro de esos mediocres personajes que gobiernan (?) España ha saltado sobre un colectivo laboral y se ha liado a dentelladas con él. Sus corifeos, aun los que son tan “socialistas” como el gobierno mismo, han corrido a bendecir el bárbaro atropello. Lo han hecho, como el ex candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, subrayando «la actitud criminal de quienes ponen en jaque a todo un país» y exhibiendo la supuesta “tabla reivindicativa” de los tales... aunque sin ofrecer la menor referencia documental que demuestre que lo es (y cuando, de manera tranquila y respetuosa, se lo hemos señalado, nos ha censurado hasta cuatro intervenciones). Pero lo han hecho también acérrimos enemigos del gobierno, que no han dudado en hablar esta vez de su «valor» y «determinación».

Vuelve la mili

Creíamos que en España el servicio militar obligatorio ya estaba abolido, pero ahora descubrimos que no era así... Pues, aunque sea una mili peculiar y restringida, de eso se trata aquí también. Ya mostramos hace unos días lo ilegal que parece la medida militarizadora. Pero, dejando el plano jurídico aparte, ¿no es acaso una reacción contraria al buen sentido? ¿No resulta demasiado espectacular y, pasado el comprensible clamor inicial de los viajeros afectados, extravagante por su desmesura?

Como pese a todo, y gracias a Dios, hay críticos del abuso, estos días hemos podido ver atinadas preguntas (por desgracia retóricas) sobre qué habría que hacer con otros “colectivos” que causan un daño social. Se suele empezar por los banqueros. A éstos, responsables como los que más de la presente crisis económica mundial, nadie les ha obligado a hacer la mili. Lejos de ello, junto con otros grandes empresarios, se permiten seguir mangoneando al estado. Y entre esos otros oligarcas, recordemos el caso de Díaz Ferrán, que dejó en tierra a miles de pasajeros en la Navidad de 2009. Pues bien, no consta que lo hayan militarizado, sino que –pásmate– a día de hoy sigue siendo el presidente de la CEOE. Tampoco ha obligado nadie a hacer la mili al gobierno español, cuyas medidas sociales regresivas van a tener –que nadie lo dude– consecuencias mucho más graves y abarcantes que las derivadas del reciente “caos aéreo”. Por cierto, ¿cuántos se han enterado, bajo el estruendo anticontroladores, de que justo antes de su “valiente” medida el gobierno había decretado cobardemente la supresión de los 426 euros de ayuda a los parados de larga duración? ¿Y del anuncio de la aceleración, con pacto o sin él, de la reforma de las pensiones? ¿Y qué decir de la privatización parcial de AENA, incluidos los aeropuertos de Barajas y El Prat? ¿No es legítimo inquirir si no habrá una relación entre esa medida y el golpe a los controladores? Entretanto, aunque era previo al decreto alarmista, se ha divulgado masivamente por la Red que AENA tiene un agujero de 13.000 millones de euros (cuantía reconocida por fuentes plenamente sistémicas). ¿No cabe, cuando menos, asociar esa deuda con los planes privatizadores? De hecho, algunos partidarios de éstos no se recatan de hacerlo (ver de nuevo).


Hablemos de salvajadas...

Pero la desmesurada reacción gubernamental suscita más cuestiones. El plante de los controladores ha sido calificado repetidamente de “salvajada” (y términos similares). Y a grandes males, grandes remedios. Hace falta magnificar mucho los primeros para justificar la proporcionalidad de los segundos; es decir, para legitimar la militarización y las penas de hasta ocho años de cárcel que ya está pidiendo la fiscalía general del estado. Pero entonces cabe preguntarse qué habría pasado si, por ejemplo, nada más empezar el plante se estrellan dos aviones en el aire. Estaríamos hablando seguramente de cientos de muertos por negligencia activa o grave imprudencia. Parece obvio que la “mera” militarización actual, en un contexto de histeria programada contra los absentistas, no habría bastado para el castigo. Pero la hipótesis podría ser aún más “salvaje”. Imaginemos que, no contentos con el plante, los controladores hubieran emitido indicaciones a los pilotos fruto de las cuales éstos condujesen sus aviones a un accidente. Hablaríamos entonces de centenares de víctimas causadas por “verdaderos terroristas”, aunque nunca se pudiese demostrar la intencionalidad. Y recordemos que nuestro país no admite la pena de muerte –ni siquiera en el código militar–, al menos en tiempo de paz. Pero, en su rabia, los perversos controladores podrían haber ido aún más lejos: como a fin de cuentas trabajan en aeropuertos, quizá pudieran habérselas ingeniado –recuérdese que estamos en el terreno de las hipótesis– para sabotear por dentro un avión que ya hubiera pasado todos los controles de seguridad. Si por un plante se les castiga como se ha hecho, por semejante sabotaje, ¿no se habrían quedado muy cortas las penas a los condenados por el 11-M? [Dicho en otros términos: si el plante del reciente 4-D ha sido una “salvajada”, ¿cómo calificar al 23-F, o al propio 11-M?]

Estas comparaciones pueden parecer gratuitas y arbitrarias, pero ayudan a comprender la desproporcionada respuesta del gobierno mostrando el escaso margen que deja “por encima” de ella. Mucho menor, desde luego, que el margen de “salvajada” que, como vemos, ha quedado sin cubrir por los controladores. Pese a lo cual, insistimos, se les han aplicado unas medidas brutales que incluyen la pérdida de su libertad sindical pero, sobre todo, la de su condición de civiles mientras dure el estado de alarma. Algo que, no por resultar surrealista, deja de ser gravísimo, pues implica imponer una condición militar –legislación y disciplina incluidas– a la fuerza. ¿No es esto último lo que suena a auténtica salvajada?

En el plano de los “grandes remedios”, hay otro al margen de lo militar para el caso que nos ocupa. Se trata de la posible imputación de «delito de sedición», por la que apuesta el fiscal general del estado, Cándido Conde Pumpido, en plena coincidencia con el gobierno español. Eso implicaría hasta ocho años de cárcel, solicitados por el propio Conde. Enrique Gimbernat, un jurista de prestigio, sostiene que efectivamente se ha incurrido en sedición. Invoca el tratamiento que de la misma hace la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (LPPNA). Para nuestro caso, el artículo 20 de dicha ley proclama que se castigará, por ese delito, a «los miembros de la tripulación de aeronaves o empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta...». Habría que ver qué se entiende por abandono colectivo (en el contexto de dicho artículo, parece que requeriría concertación, cosa que habría que probar que hubo en el plante de los controladores). Además, quizá el problema principal es que se trata de una norma del año 1964. Es decir, franquista y por tanto perteneciente a un contexto jurídico y sociopolítico (supuestamente) muy distinto del actual. En razón de ello, representantes de Jueces para la Democracia discuten su aplicación, y en fuentes de la Asociación Profesional de la Magistratura al menos se cuestiona su vigencia. Pero es que hay más: como reconoce el propio Gimbernat, «los controladores deberían haber sido detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial sobre la base del art. 492 en relación con el art. 491.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», ¡cosa que el gobierno no hizo!

En el marco democrático presente (?), y puestos a seguir la vía penal, sería más lógico aplicar el Código Penal de 1995 (CP), nada menos que 31 años posterior a la LPPNA. Según el mismo, «son reos de sedición los que [...] se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad». Parece razonable pensar que eso no se ajusta a lo ocurrido el día 3 (salvo que, p. ej., se demuestre que hubo tumulto). Quizá por ello, Jueces para la Democracia aboga más bien por la aplicación del artículo 409 del CP, encuadrado en los delitos contra la administración pública y que impone penas mucho más suaves, desde luego no carcelarias. Recalcan, además, lo «desproporcionado» que resulta imponer ocho años a los controladores, pena más propia de delitos como una violación (ésta sí una salvajada).

Por cierto, la Asociación de Fiscales considera precipitado el anuncio de Conde Pumpido de que pedirá ocho años de cárcel por delito de sedición. Se quejan de la presencia de éste en el Consejo de Ministros (de enigmática celebración, como ya vimos) que decretó el estado de alarma. Lo achacan todo a una injerencia del gobierno en el ámbito fiscal.


Recapitulando...

No está de más destacar el empeño de un gobierno “socialista” en:

1. Imputar un delito grave a unos trabajadores valiéndose de una ley franquista.

2. Militarizarlos, como ya mostramos, amparándose en otra ley franquista que, además, lleva años derogada. Incluso no descarta prorrogar el estado de alarma por quince días más.

Se diría que hay un excesivo celo en alarmar primero, y en justificar la alarma después. Recurriendo con tal fin, si es preciso, a aplicar leyes con calzador. Y forzando, propaganda mediante, que la realidad se ajuste a una interpretación previa (¿un plan?), en vez de adaptar la segunda a la primera. Todo ello es lógico que levante sospechas.

Entretanto, los controladores llevan ya más de una semana militarizados. Siendo grave su situación, lo peor es la repercusión simbólica de la misma, sentando un precedente de:

1. Brutal represión (¡militar!) en el ámbito de un conflicto laboral. Parece evidente que el gobierno español, buen aprendiz de cierto criminal apellidado Bush, ha jugado con una especie de “efecto 11-S” (lo ha hecho, por cierto, con más habilidad que la usada en su día por Aznar para rentabilizar el 11-M): aprovechando el shock del plante provocado por los controladores, ha corrido a aplicar medidas excepcionales contrarias a la letra y al espíritu de la Constitución y de varias leyes. Se trata, pura y simplemente, del recurso al miedo. A partir de ahora, ¿cuántos trabajadores se atreverán a realizar paros en sectores considerados “sensibles”? (Y recordemos que muchos lo son, desde el Metro de Madrid hasta la recogida de basuras, pasando por el transporte en camiones, las gasolineras, etc.). Por si fuera poco, la gravedad extra atribuida por el gobierno a la acción de los controladores servirá para legitimar socialmente la privatización, no ya parcial, sino total de AENA. Y sabido es que en el sector privado la disidencia es más difícil y menor la capacidad de ir a la huelga. Todo esto, en el marco del actual desmontaje del Estado del Bienestar, redundará en la pérdida de facto de derechos socioeconómicos hasta hace poco tenidos por intocables.

2. Reedición de las viejas “cazas de brujas”, persecuciones de herejes, pogromos y similares. Sabido es que primero funcionan los rumores, más o menos falaces, contra una minoría. Sobre esa base, se les cuelga un sambenito a las víctimas, que empiezan a sufrir un escarnio público creciente. Eso “justifica” acto seguido su captura y castigo, desproporcionado y conculcador de sus derechos humanos (suele tratarse, en mayor o menor grado, de un auténtico linchamiento, siquiera moral). A menudo, entre el rumor y el sambenito, tiene lugar un acto grave que, al margen de quién lo haya cometido, se imputa a los perseguidos. Todo ello constituye una vieja técnica de control social y de reforzamiento del poder, útil especialmente en tiempos de crisis aguda como los que los actuales. Hoy esa minoría perseguida es la de los controladores. ¿Mañana...?

Por eso resulta terrible la naturalidad con que la masa de la población ha acogido una medida gubernamental tan excepcional y desmesurada. Una vez más, el escándalo no escandaliza. La gente se conmueve por la victoria de “la Roja” o porque pierde su vuelo vacacional. Pero, como ya mostrase el fracaso de la huelga general del 29-S, son relativamente pocos los que actúan ante cuestiones mucho más importantes.

La experiencia de estos días muestra que si no te movilizas tú, te movilizará el gobierno. Por desgracia, si te movilizas, también... siempre y cuando no hagan lo mismo los demás.

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