No a la pena de muerte contra George W. Bush
© Juan Fernando Sánchez
www.laexcepcion.com (16 de octubre de 2004)

Gane o no las elecciones, Bush no debiera pagar sus crímenes siendo víctima de otro crimen.

A raíz de la “entrega del poder a los iraquíes” por parte de las fuerzas invasoras, corrió la noticia de que el nuevo gobierno títere de ese país había decidido restaurar la pena capital (ver, por ejemplo, “Irak reinstaura la pena de muerte horas antes de que Sadam comparezca ante un tribunal”, El País, 1.7.04).

A nadie se le escapa que el motivo de esta medida era, sobre todo, la futura aplicación de la misma sobre un personaje muy concreto: el prisionero (en la práctica, rehén) Sadam Huseín, ex presidente y ex dictador iraquí, conocido por sus crímenes tanto durante su alianza con la superpotencia norteamericana como desde que ésta optó por enfrentarse a él.

En otras palabras, se trataba de una decisión tomada ad hoc, lo cual la hacía aún más cuestionable desde el punto de vista moral y jurídico (recuérdese, por ejemplo, el problema de la retroactividad en la aplicación del derecho).

Pero esto, como ya hemos explicado en otros textos (ver No al asesinato de Sadam y No fue una buena noticia), caracteriza a todo el proceso en el que se inscribe la “captura” del rehén Huseín, así como su anunciado juicio. Todo él está signado por la más completa irregularidad, al tener como marco una guerra particularmente sucia y mentirosa, aparte de ilegal (algo nuevamente subrayado por Kofi Anán, el débil secretario general de la ONU; ver, por ejemplo, “Annan: ‘La guerra en Irak fue ilegal’", en BBCMundo.com, 16.9.04).

El anuncio de la probable aplicación a Sadam de la pena capital ha concitado algunas (casi nunca clamorosas) voces en contra. Amnistía Internacional ha subrayado el carácter “inhumano” de esta pena, y ha recordado su tradicional oposición a la misma (ver “Amnistía Internacional exige un juicio justo para Sadam Huseín”, La Insignia, 17.12.03).

Aunque sin muchos “alardes”, todavía la máxima condena parece horrorizar a numerosos líderes de opinión. Así, el frecuentemente equívoco Luis María Anson anticipaba ya en diciembre de 2003 su “no rotundo a la pena de muerte”, en relación con la posibilidad de imponérsela a Sadam. Calificaba ese castigo como “salvajada” y “práctica atroz” (ver “Pena de muerte, no”, La Razón, 17.12.03).

Al día de hoy, con los datos disponibles, resulta incuestionable que Sadam es un criminal. Pero también, que sus secuestradores, las fuerzas invasoras de Irak, no están libres de pecado (ver las palabras de Jesús en Juan 8: 7): no menos cierta que la de Sadam resulta la responsabilidad moral de sus captores, con el presidente estadounidense, George W. Bush, a la cabeza. Sus crímenes han sido “retransmitidos en directo”, con cobertura mundial. La gravedad de los mismos es sobradamente conocida, a pesar de la descarada distorsión de algunos de sus voceros políticos y mediáticos (ver Los hinchas políticos y el nuevo fascismo). Hoy a nadie se le ocurre afirmar, al menos en voz alta, que en 2003 Irak poseyera armas de destrucción masiva, o que su gobierno tuviese vínculos con Al Qaeda.

Al igual que Sadam, Bush –de vocación, dictador planetario– no ha confesado sus crímenes. Lejos de ello, ha manifestado repetidamente su intención de seguir en la misma línea agresiva (ver, por ejemplo, “Bush: ‘Kerry no comprende la guerra contra terrorismo’”, Terra Noticias, 12.10.04). Esto, como es natural, sigue agregando delictividad a su ya espectacular historial (y no se olvide que, en el momento presente, su ejército sostiene de modo directo dos guerras de agresión y ocupación).

Es evidente que Sadam y Bush, así como los que fueran/son sus adláteres nacionales e internacionales, merecen un castigo por sus ominosas culpas contra la humanidad… por el bien de ésta y por el suyo propio (el criminal tiene derecho a pagar por sus delitos; lo contrario tiende a hacerle perder el sentido de la realidad y dificulta su arrepentimiento).

Es, o debiera ser, igualmente evidente que dicho castigo lo merecen ambos. Supondría un nuevo y gigantesco agravio a toda esa humanidad maltratada, así como a la conciencia mundial acerca de la justicia y los derechos humanos, que los representantes del poder occidental quedasen impunes mientras el ex dictador iraquí recibe el castigo. El principio de equidad moral y jurídica, que en Occidente ha conocido una elaboración y una defensa sin parangón en el resto del orbe, se vería así irreparablemente mancillado.

Pero ninguno de los citados criminales ha de ser asesinado, ni legal ni ilegalmente. Cualquier ser humano, sea cual sea su condición (incluida la de asesino, y aun la de genocida), es titular de una serie de derechos inalienables (ver artículos 2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Como dice Anson, «es hora de dar el gran ejemplo moral: tratar con respeto a la dignidad humana a quien lo arrolló todo, a quien cometió los genocidios más espantosos, los crímenes más abominables, las torturas más crueles» (loc. cit.).

Un “gran ejemplo moral” que vale lo mismo para Sadam que para Bush. El mundo entero debiera proclamar un no rotundo a la pena de muerte contra ellos, por más que ambos, en su día, fueran acérrimos partidarios y recurrentes usuarios de la misma (Sadam, en Irak; Bush, en Texas).

Ambos merecen una detención legal y un juicio justo, donde se analicen con detalle sus horrendas fechorías, puedan intervenir sus defensores y, siempre que sea preciso, se tengan en cuenta los correspondientes agravantes, atenuantes y/o eximentes.

Para escribir al autor: juanfernandosanchez@laexcepcion.com
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