¿Una Europa confesional?
© G. S. V. [guillermosanchez@laexcepcion.com] (26 de noviembre de 2002)

El Vaticano viene presionando a la Unión Europea (UE) para que las “raíces cristianas” del continente y de su proyecto unificador queden explícitas en la legislación europea.

Desde hace unos años, el papado viene solicitando que la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la UE reconozca explícitamente la herencia cristiana de Europa. Desde que en febrero de 2002 se convocó la Convención que modelará el futuro de la Unión Europea, presidida por el ex presidente francés Valéry Giscard d’Estaing, la Iglesia Católica Romana (ICR) ha incrementado su insistencia. A estos empeños se ha unido también la Conferencia de las Iglesias Europeas, que representa a las principales confesiones protestantes y ortodoxas. En carta conjunta de éstas con la Comisión (católica) de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea se invita a la Convención a que introduzca en la futura Constitución las siguientes afirmaciones: «La Unión Europea reconoce y respeta el derecho de las iglesias y de las comunidades religiosas a organizarse libremente según las leyes nacionales, sus convicciones y sus estatutos y a perseguir sus propios fines religiosos en el respeto de los derechos fundamentales». «La UE respeta la específica identidad y la contribución a la vida pública de las iglesias y de las comunidades religiosas y mantiene un diálogo estructurado con ellas». «La UE respeta y no perjudica el estatus de las iglesias y de las comunidades religiosas previsto por las legislaciones de los Estados miembros. La Unión igualmente respeta el estatus de las organizaciones filosóficas y no confesionales» (Zenit, 1.10.02).

Estos principios están profundamente dotados de sentido común y de espíritu democrático, y su aprobación apoyaría la protección de las comunidades religiosas y la libertad de conciencia y expresión en Europa. Ahora bien, gran parte de los pronunciamientos del Vaticano en torno al tema revisten un carácter muy diferente, pues no se limitan a solicitar el reconocimiento de la libertad religiosa, sino que insisten en una interpretación de la historia y de la naturaleza de Europa centrada en la herencia católica romana.

El cardenal Joseph Ratzinger criticó que los estados de la Unión Europea se declaren neutrales respecto a las religiones, sin considerar que existen «rasgos característicos de la identidad de nuestra cultura» que necesitan una salvaguarda especial, y mencionó «las grandes festividades como la Navidad, la Pascua, Pentecostés o el domingo» (Zenit, 9.3.01; negrita añadida). Pero es necesario destacar que la generalización de estas festividades en la sociedad europea es fruto de la tradicional identificación del ámbito particular de una iglesia con el ámbito público, e incluso oficial; identificación que atenta gravemente contra el principio democrático de separación entre iglesia y estado.

Cuando Juan Pablo II advierte de la necesidad de que la Carta Europea de los Derechos Fundamentales haga una mención a Dios, sorprende saber que argumente que «fue la negación de Dios y de sus mandamientos la que creó en el siglo pasado la tiranía de los ídolos, expresada en la glorificación de una raza, de una clase, del Estado, de la nación, del partido, en lugar del Dios vivo y verdadero» (Zenit, 17.12.00). Sin dejar de ser cierta esta afirmación, también lo es, y un mínimo conocimiento de la historia así lo demuestra, que la institución a la que representa, aunque no negó formalmente a Dios, sí modificó de manera sustancial sus mandamientos y durante siglos se “glorificó” a sí misma y a sus representantes como encarnación de la voluntad divina en la tierra y como instancia suprema de verdad.

El papado alude al pasado “cristiano” de Europa para justificar la mención de estas raíces y valores en los documentos legislativos de la UE. Ciertamente, el sustrato judeocristiano de la llamada “civilización occidental” ha impregnado gran parte de las concepciones asumidas en este entorno, como el concepto de persona, la libertad de conciencia, la emancipación de la mujer, la igualdad esencial entre todos los seres humanos o la separación de la iglesia y el estado. La tradición grecolatina, profundamente clasista y con una concepción pragmática de la religión de estado, no es suficiente para comprender que haya sido precisamente en Europa o en sus colonias (Estados Unidos, fundamentalmente) donde se hayan originado y desarrollado estas concepciones.

Pero precisamente la función desempeñada por la ICR en relación con los valores mencionados ha sido casi siempre negativa. No hay que olvidar que hasta el Concilio Vaticano II la postura oficial del papado negaba la libertad religiosa y la separación de la iglesia y el estado. Y el Vaticano no está solicitando que se reconozca la concepción de la sociedad que defendió en aquel concilio (criticable, por otro lado), sino que pretende retrotraerse a la historia para fundamentar la Europa actual. Pero ¿cuál ha sido el papel de la ICR en la historia de Europa?


Una mirada a la historia

En los primeros siglos de nuestra era, cuando los cristianos eran una minoría marginada o perseguida, sus planteamientos personales y sociales supusieron la irrupción en la historia, casi por primera vez, de la reivindicación de la libertad de conciencia. Pero precisamente la unión de la iglesia con el estado a partir de Constantino y la pretendida (y finalmente lograda) supremacía del obispo de Roma frenaron radicalmente el proceso, y convirtieron a la iglesia dominante en uno de los principales enemigos de la libertad en las sociedades “cristianas”. Ciertamente, los vestigios de auténtico cristianismo que pervivieron (y aun perviven) en la Iglesia Católica Romana (que, como indica su nombre, es tan pagana como cristiana) permitieron que algunos autores y corrientes minoritarios (en muchas ocasiones perseguidos por la “Santa Madre Iglesia”) defendieran valores de libertad.

La UE es un proyecto fundamentalmente político (con todas las dimensiones que abarca este término), y los documentos que la van construyendo se elaboran teniendo en cuenta esta realidad. Es cierto, como afirma el gran historiador Jacques Le Goff, que «Europa empieza a aparecer en el siglo IV, con la fusión entre los pueblos del Imperio y los pueblos bárbaros, gracias al cristianismo» (Zenit, 19.2.02); pero no fue sino a partir de la Reforma Protestante del siglo XVI cuando Europa comenzó a configurar su actual identidad política, en la que además del concepto de unidad cultural o económica, destaca la defensa de la libertad.

Partiendo de la concepción bíblica del poder político y de las aplicaciones que ya hicieran de ella algunos “herejes” medievales, la Reforma (a pesar de las incongruencias y de las tentaciones políticas en las que incurrieron algunos de sus promotores) facilita que los estados vayan avanzando hacia una progresiva separación del ámbito religioso con respecto al político. A fuerza de conflictos, se impuso la necesidad del reconocimiento de la diversidad religiosa para lograr el equilibrio político europeo; con el tiempo se desarrolló el concepto incompleto de tolerancia, que traería después la formulación, más perfecta, de libertad de conciencia y de culto. El pensamiento racionalista de la Edad Moderna se sumó a esta corriente de tolerancia y laicismo. Es entonces cuando se fraguan los fundamentos ideológicos expresados en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (de tradición bíblico-protestante) o en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (de tradición racionalista e ilustrada).

Todo este proceso contó con la oposición ideológica, política e incluso militar de la institución que ahora reivindica el reconocimiento del papel del cristianismo en la historia del Europa. O bien el papado está reivindicando lo que en su momento sólo supo perseguir, y lo que otros cristianos defendieron a pesar de aquél, o bien una vez más (ver Rehabilitaciones vaticanas) expresa añoranza por aquellos tiempos en que su poder no sólo era espiritual, sino también temporal, cuando el derecho canónico era público y discurría por cauces paralelos al civil sin ninguna limitación, cuando los sistemas jurídicos vigentes sólo reconocían a la Iglesia de Roma, cuando el propio papa ejercía su gobierno sobre extensos territorios italianos.

El conocimiento de la historia es fundamental para no recaer en concepciones del poder y de la sociedad que vuelvan a someter a los ciudadanos europeos a dinámicas autoritarias. Así, la evocación de determinados modelos de “europeidad” resulta inquietante. El papa mencionó a Carlomagno (ver Zenit, 17.12.00), no sólo promotor del derecho, sino también paradigma de un proceso de “civilización” mediante la fuerza militar y la unión de los esfuerzos imperialistas y teocratistas medievales. Otros evocan el concepto de identidad europea afirmado en el Concilio de Constanza, según el cual tal identidad estaría «formada por cinco naciones que, en relación con su vinculación romana, guardaban este orden: Italia, Alemania, Francia, España e Inglaterra» (Luis Suárez, ABC, 13.8.02; cursiva añadida); sin mencionar que fue ese mismo concilio el que erradicó un gran intento de exigencia de libertad mandando a la hoguera al “hereje” bohemio Jan Hus, precursor de la Reforma.


Un proyecto neorreligioso

La reivindicación de las “raíces cristianas” (o, como muy bien interpretaba el diario La Razón en un titular de 6.9.02: “Juan Pablo II reitera a la UE que reconozca su raíz católica”) no se limita por tanto a una exigencia de libertad religiosa, sino que forma parte del proyecto confesional católico en el contexto de la llamada “Nueva Evangelización” (ver Iglesia Católica y 'sectas'), como advertía el cardenal Ratzinger: «La Iglesia tiene una responsabilidad universal, una responsabilidad misionera para anunciar la nueva evangelización. Forma parte de esta tarea la llamada a las raíces cristianas de Europa» (Zenit, 3.3.02; negrita añadida). En esa misma dirección apuntan las palabras del papa: «La Iglesia [...] siempre ha desempeñado una función determinante en la educación en los principios fundamentales de la convivencia civil, en el ofrecimiento de respuestas a las cuestiones básicas concernientes al sentido de la vida, en la defensa y promoción de la cultura y la identidad de los diversos pueblos. [...] La Iglesia católica no busca privilegios, sino que sólo busca cumplir con su misión a favor de toda la sociedad» (Zenit, 5.9.02). Y aún más: «Sin reducir nunca la fe a la cultura, la Iglesia se esfuerza por dar un fondo cultural a la vida de fe para que ésta inspire toda la vida privada y pública, la realidad nacional e internacional» (Zenit, 3.6.02; negritas añadidas).

Por otro lado, las reclamaciones vaticanas en el momento en que la UE se plantea su ampliación contienen un claro componente “georreligioso”: «La ampliación al Este no es otra cosa que la reunificación de los pueblos europeos. Su patrimonio común son los valores enraizados en el cristianismo. [...] La entrada en la UE de países con una fuerte tradición católica, como Polonia, Eslovaquia, Lituania, podrá ser de gran ayuda y una aportación formidable para la recuperación de la dimensión comunitaria y espiritual de Europa, contra la lógica dominante del individualismo y del materialismo» (Cardenal Glemp, en Zenit, 7.10.02). No puede ignorarse la presencia de este factor en una Europa y en un mundo en los que, tras el 11-S y con la difusión global de los planteamientos sobre el “choque de civilizaciones”, cada vez más personas ven imprescindible blindar la “civilización occidental” frente a irrupciones externas, ya sean éstas poblacionales (inmigrantes), políticas, terroristas, militares, étnicas, culturales o religiosas.

Los dirigentes católicos romanos son además conscientes de que en la actual Época Postmoderna las estructuras políticas, a falta de fundamentos ideológicos sólidos sobre los que sustentarse, necesitan recurrir a tradicionales recursos de legitimación, como la religión. Entramos así en la Época Neorreligiosa, en la que la política requiere del necesario “suplemento de alma”, en palabras del viceprimer ministro italiano Gianfranco Fini (Zenit, 14.5.02). Así, Wojtyla afirma que «el "viejo" continente necesita a Jesucristo para no perder su alma y no perder aquello que lo ha hecho grande en el pasado y que todavía hoy lo presenta a la admiración de los demás pueblos» (Zenit, 26.2.02; negrita añadida). Desde un punto de vista estrictamente cristiano, es inconcebible que un continente, un territorio o una estructura política necesiten a Jesucristo, quien se presenta en el evangelio como salvador personal de quienes lo aceptan y de la comunidad libre de los fieles, y jamás como una especie de patrón colectivo de una comunidad política. Una vez más, el criterio colectivista típicamente romano trata de sobreponerse al sano individualismo que defienden tanto el evangelio (ver Mentalidades católica y protestante) como las diversas declaraciones democráticas de derechos. No es de extrañar que la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea (COMECE) considere necesario equilibrar «el carácter principalmente individualista de la Carta de los derechos fundamentales» (Zenit, 8.6.02)

La misma ideología se aprecia en los esfuerzos conjuntos de católicos y ortodoxos por «coordinar esfuerzos para que Europa siga siendo un pueblo cristiano» (comunicado de prensa del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad, en Zenit, 7.3.02; negrita añadida). En realidad, es incorrecto afirmar que Europa haya sido nunca un “pueblo cristiano”, porque los pueblos, los países y las civilizaciones no pueden ser seguidores de Jesucristo, dadas las implicaciones de decisión personal que esta opción supone. Sí que ha sido un territorio con una importante presencia de cristianos, lo cual ha beneficiado al continente a lo largo de su historia.

El empeño por que se reconozcan las “raíces cristianas” de Europa no sólo es católico. Las iglesias protestantes tradicionales también se han sumado a esta reivindicación que, de hecho, supone uno más de los puntos de acercamiento entre las confesiones cristianas dominantes (ver Ecumenismo cristiano). Pero el respeto a la pluralidad religiosa de Europa no debe basarse en la discriminación entre confesiones mayores y menores, o más antiguas y más recientes. Por ello, resulta inquietante la insistencia en que «los grandes movimientos y tradiciones religiosos, espirituales e intelectuales deberían ser reconocidos como una herencia viva de Europa» (los obispos católicos a la Convención Europea, en Zenit, 24.5.02; cursiva añadida).


Conclusiones

Las relaciones del Vaticano con la Unión Europea, como todas las relaciones políticas en que está implicado este estado, entrañan numerosas paradojas. El Vaticano no es un estado miembro de la Unión Europea; precisamente por ello, sus constantes llamados a la Convención y al Parlamento Europeo suponen una injerencia en asuntos ajenos. Pero, al estar enclavado en Italia, goza de relaciones privilegiadas con la UE. En realidad, difícilmente un estado como el Vaticano podría ser miembro de la UE, dadas sus características políticas: organizado como una monarquía absoluta sin separación de poderes, reviste un carácter teocratista (aun así, los obispos católicos osan solicitar a la Convención Europea «el reconocimiento de que el poder público no es absoluto», Zenit, 24.5.02). Estos perfiles antidemocráticos estarían, en principio, muy limitados por el hecho de que la jurisdicción papal se limita a unos pocos kilómetros cuadrados y a varios cientos de habitantes que, además, son súbditos voluntarios de este estado (no se olvide, aun así, que la libertad, incluida la política, es un derecho inalienable, lo que deslegitima también al estado que acepta que sus súbditos renieguen de ella).

Cualquier confesión, siempre que la pertenencia a ella sea por decisión voluntaria de los fieles, tiene derecho a gobernarse como prefiera. (En este sentido, el Vaticano se quejó con razón del documento del Parlamento Europeo que condenaba «la exclusión de las mujeres de las posiciones dirigentes en la jerarquía política y religiosa»; en aquella ocasión pudo experimentar en carnes propias el peligro de airear alegremente contra otros la acusación de “fundamentalismo”, que tan fácilmente puede volverse contra ellos mismos; ver Zenit, 11.3.02). Pero lo que confiere peculiaridad política al Vaticano es el hecho de que un soberano con tan poca legitimidad democrática pretenda tener jurisdicción no sólo moral, sino también jurídica, sobre ciudadanos de otros estados soberanos (éste es el principio que subyace a todos los concordatos que el Vaticano establece con otros estados).

En cuanto a cabeza de la Iglesia Católica Romana, el papa y la Curia legítimamente gobiernan en asuntos religiosos sobre los católicos de todo el mundo que desean serlo. Lo que resulta más cuestionable es la gran influencia política que ejercen no tanto en su exiguo territorio y población, sino sobre otros estados con los que establecen relaciones diplomáticas y geopolíticas.

Los cristianos europeos, como cualquier otro ciudadano con cualesquiera creencias o concepciones filosóficas, no necesitamos que las leyes dictaminen la función que el cristianismo ha desempeñado en Europa. Los estudiosos seguirán debatiendo sobre este asunto, y los creyentes albergaremos la convicción de que nuestra opción por Jesucristo es fuente de beneficios personales y sociales.

La propia Unión Europea no es un proyecto cristiano, en la medida en que ninguna iniciativa política puede ser caracterizada como tal. El Vaticano, erigiéndose en representante de la cristiandad, se empeña en recordar que apoyó este proyecto desde el principio y parece reclamar que se le reconozca esta incursión política. Pero para una salvaguarda de las libertades, cada día más amenazadas por el cuestionamiento constante de los límites que separan política y religión, es suficiente con que las leyes y los gobernantes respeten la conciencia y las prácticas religiosas de sus ciudadanos.

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