¿Dilemas morales o electorales?
© G.S.V. [guillermosanchez@laexcepcion.com] (20 de noviembre de 2001)

La "necesidad" de preservar el sistema económico y el miedo a perder votos suelen ser causa de que se traten como dilemas morales situaciones en las que claramente un derecho debería prevalecer sobre otro.

Para que una situación se califique de dilema moral es necesario que, ante dos o más posibles vías de actuación, todas ellas comporten decisiones que implicarían males. El dilema reside en decidir qué mal es mayor para evitarlo, optando por la alternativa menos dañina.

Por ejemplo, algunas voces han caracterizado como "dilema moral" la disyuntiva de llevar a cabo o no una guerra contra Afganistán. La duda estaría en saber si merece la pena o no asesinar o desplazar forzosamente a tantas víctimas afganas con la finalidad de dar "respuesta" a los atentados del 11-S, conseguir una supuesta mayor seguridad internacional y establecer un predominio geoestratégico de Occidente en Asia Central. Casi todos los gobernantes del mundo han bendecido la masacre aparentemente sin remordimientos, en aras de beneficios geoestratégicos y a costa de los derechos básicos de millones de personas (ver Una fecha y sus secuelas).

En un contexto muy diferente, el pasado 18 de junio Anthony Giddens, ideólogo de la Tercera Vía de Blair y director de la London School of Economics, aludiendo al caso de las vacas locas en el Reino Unido, observó: «Si se anunciaba el riesgo de esa enfermedad se arruinaba la economía de los agricultores, y si se retrasaba el anuncio, la opinión pública diría que por qué no se dijo antes. Es un dilema moral».

Resulta chocante que en este caso se plantee como dilema moral el conflicto entre el mantenimiento de estabilidad para un sector productivo y la ruina física de quienes pudieran contaminarse con una terrible enfermedad. La supuesta necesidad de garantizar la continuidad del sistema económico es tan imperante en los valores que se imponen en el ámbito social que, a pesar de que todo el mundo considera la salud como prioritaria (por delante del dinero), las autoridades dudan entre salvar a las personas de la enfermedad o salvar a un sector económico.

Dado que tras un cierto énfasis social en el discurso por parte de la llamada Tercera Vía se oculta en realidad un neoliberalismo estructural, no es de extrañar que a sus defensores les resulte duro tomar una decisión que perjudique a un sector de la economía, aunque como contraprestación se puedan salvar vidas humanas. No olvidemos que estos "liberales de izquierdas" consideran que la intervención del estado debe ser limitada a la hora de asistir a los grupos más desfavorecidos (aunque muchas veces digan lo contrario), y por tanto parecen tener miedo a apoyar con ayudas estatales a un sector ganadero hundido como consecuencia de una política agraria y sanitaria nefasta.

La naturaleza de los distintos "dilemas morales" a que se enfrentan las autoridades demuestra la absoluta pérdida de valores en que vivimos. Cuando, por ejemplo, en numerosas ciudades españolas los efectos de la llamada movida (que en realidad supone la más reaccionaria inmovilización social de los jóvenes) impiden el sueño de cientos de familias que tienen la desgracia de vivir en zonas invadidas por manadas de adolescentes, la respuesta de las autoridades suele ser convocar mesas de diálogo en las que representantes de los distintos sectores implicados (jóvenes, vecinos y políticos) debaten sobre la forma más apropiada de solucionar el problema, atendiendo a las necesidades de todos ellos. Al plantearse el asunto como un dilema moral, se equipara el derecho a la salud con el "derecho a divertirse", sin que a priori uno parezca prevalecer sobre el otro.

Lo mismo ocurre cuando los fumadores de centros laborales exigen su "derecho a contaminarse" aun a costa de conculcar el derecho a no contaminarse de los no fumadores. Las negociaciones, en estos casos, pueden terminar con soluciones intermedias en las que los agredidos tengan que ceder parte de sus derechos (normalmente todos) a fin de que los agresores "sufran" unas pocas restricciones de los suyos. Además, dado que muchas veces los partidarios de conculcar los derechos básicos (a la salud, por ejemplo) son mayoría, se concluye afirmando que se trata de una decisión democrática.

En realidad, más que a un dilema moral, muchas de estas situaciones responden a un dilema electoral: los políticos saben que una medida de justicia (garantizar en primer lugar la salud de la población, y en segundo lugar tratar de proveer medios que satisfagan otras necesidades) puede restarles votos entre sectores importantes del electorado. Ejemplo de ello es el descontrol que reina en los bares, pubs y discotecas de ciertos barrios de las grandes ciudades así como de poblaciones de mediano tamaño, en los que el incumplimiento de la normativa básica (hasta el punto de abrirse sin licencia y permanecer años así) se perpetúa una legislatura tras otra, sin que los alcaldes se atrevan a meter mano a un asunto que podría apartarles de su poltrona. Otro ejemplo es el de los responsables de centros públicos, quienes, por no buscarse la enemistad del numeroso sector de los fumadores, no aplican la normativa sobre espacios libres de humos. Y, en fin, algo similar cabe decir del "eterno" problema del tráfico en las grandes ciudades, frente al cual, en vez de la adopción de medidas enérgicas, se prefiere la inercia de la situación actual, ocasionalmente parcheada, cuyo destino lógico es el colapso urbano y medioambiental.

Así pues, en la mayoría de estos casos –son sólo unos pocos ejemplos, pero que representan los diversos niveles en los que se manifiesta el fenómeno– los dirigentes prefieren siempre el mal menor desde el punto de vista electoral, aunque lleve aparejado el mal mayor desde el punto de vista ético, legal o social.

© LaExcepción.com

[Página inicial] | [Actualidad] | [Asuntos contemporáneos]
[Nuestras claves] | [Reseñas]

copyright LaExcepción.com
laexcepcion@laexcepcion.com