Un desprecio al matrimonio
© Guillermo Sánchez Vicente
www.laexcepcion.com (20 de mayo de 2004)

Si alguna institución se jacta de dar valor el matrimonio, ésta es la Iglesia Católica Romana (ICR). Es cierto que numerosos católicos sinceros tienen en alta estima este vínculo; pero el caso del compromiso y boda del príncipe de España con la periodista Letizia Ortiz, en su día casada por lo civil y divorciada, es muy ilustrativo de la posición oficial de esta iglesia ante este asunto.

Dándose por hecho que la boda se celebraría por el rito católico romano, muchos se preguntaron qué implicaciones tendrían los antecedentes de Letizia en el matrimonio. La jerarquía de la Iglesia Católica Romana (ICR) respondió enseguida: como el matrimonio previo no se había celebrado según el sacramento católico, simplemente no había existido, por lo que no habría problema para celebrarlo ahora canónicamente. Aunque no se afirmó abiertamente, desde el punto de vista católico se sobreentiende que Letizia simplemente fornicó al convivir con un hombre con el que, canónicamente, no estaba casada. Basta con que se arrepienta del error (pecado) para poder casarse sin impedimentos.

La mayoría de los dirigentes católicos recibieron con alegría la noticia del compromiso. Eso sí, quedó claro que Letizia, de alguna manera, debía dejar constancia de su arrepentimiento por su situación irregular anterior, lo cual haría (suponemos que para hoy ya lo ha hecho) mediante una «declaración jurada de motivaciones que indujeron al matrimonio civil» que se aplica en todas las diócesis a los bautizados. En ella, la compareciente debe manifestar bajo juramento «que, pese a su condición de bautizada y fiel hija de la Iglesia, sabiendo que el matrimonio civil no es verdadero matrimonio, tal como ha sido instituido por Dios y la Iglesia lo tiene regulado en el Código de Derecho Canónico, no obstante, lo contrajo» por una serie de razones que debe explicar. La mayoría de las personas que realizan esta declaración jurada suelen aducir que en aquel momento estaban pasando una cierta «crisis religiosa o de fe» o que sus parejas se lo impidieron. O que lo hicieron sin pensárselo demasiado o que «no cayeron en la gravedad del asunto». En cualquier caso, debe quedar constancia de que la declarante «nunca rechazó ni despreció la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio; que conoce y acepta, sin excluir ninguna, las propiedades esenciales del matrimonio canónico: unidad e indisolubilidad, así como la ordenación a la generación y educación de los hijos, y su sacramentalidad» (Religión Digital, 1.12.03).

Algunos conocidos fieles de la ICR, contrariados por el que una mujer que a todas luces parecía ser agnóstica, o al menos poco devota de la ICR, accediera a la realeza, señalaron que no daba igual que hubiera estado casada, que un matrimonio previo, aunque no se pudiera considerar tal a efectos sacramentales, era un lastre preocupante en el pasado de la “princesa prometida”. Incluso algún canonista, como José María Díaz Moreno, profesor de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Comillas, señaló que el matrimonio civil de los católicos no es inexistente, ya que existe la posibilidad de “sanarlo en raíz” y convertirlo en canónico sin necesidad de volver a celebrarlo. Según él, «contraer matrimonio canónico sin tener fe por meras razones sociales sería una perniciosa simulación» (Yahoo!, 8.1.04). Por supuesto, estas voces pronto fueron apagándose, y a día de hoy predomina el entusiasmo nacional respecto al enlace.


Derecho canónico

Sin ánimo de incurrir en errores de bulto al tratar un tema tan complejo, sí que se puede afirmar que la concepción romanista del matrimonio presenta alguna que otra paradoja. Por ejemplo, según el “derecho natural” que se admite como fuente fundamental del Código de Derecho Canónico, el matrimonio es una institución natural y universal. Ahora bien, la ICR pretende, en cierta medida, monopolizar su carácter sagrado: el matrimonio sacramental recibe una consideración superior que otro tipo de matrimonios, hasta el punto de que pueden llegar a considerarse inexistentes, como señalan algunos canonistas (cuya opinión se ha impuesto en la jerarquía española) en el caso de Letizia. “El matrimonio existe en todas las culturas… pero sólo el que nosotros sancionamos es verdadero matrimonio”, vendría a decir la doctrina oficial.

De este modo, puede ocurrir que en una pareja se haya dado lo que el sentido común y los mínimos valores humanos indican que son las bases del matrimonio: compromiso privado y público (a través del matrimonio civil), relación íntima y convivencia; pero si no se ha celebrado el rito católico, a los ojos de la jerarquía sacerdotal romana tal unión puede resultar no válida. Hay que señalar que en el caso de Letizia Ortiz el ninguneo de su matrimonio anterior no se debe en absoluto a que resultara en fracaso y finalizara en divorcio, sino al hecho de que no fuera canónico.

De esta manera, al rechazarse la validez de las dimensiones fundamentales de la unión entre un hombre y una mujer, se incurre en un claro desprecio hacia el matrimonio. Esta contradicción se agrava al establecerse que un matrimonio canónico en el que no se den el compromiso, la relación íntima y la convivencia tiene a pesar de ello total validez formal a los ojos de esta iglesia, siempre que la pareja haya pasado previamente por la vicaría.

En sociedades de tradición católica como la española esta concepción sacramental ha redundado en no pocos males. Durante siglos el derecho canónico ha tenido carácter público y oficial, y aun hay quienes se resisten a aceptar que, a pesar de sus importantes repercusiones sociales, no es más que un conjunto de normas de carácter privado que afectan al funcionamiento de una institución privada, cual es (debería ser) la ICR. Así, paradójicamente, la norma de indisolubilidad del matrimonio en cualquier circunstancia, aplicada a toda la sociedad, ha propiciado diversas situaciones irregulares en la familia: por ejemplo, la sujeción de la mujer al marido aun cuando éste le fuera manifiestamente infiel (o, menos comúnmente, viceversa).

Todo este edificio absurdo descansa sobre una concepción del matrimonio que se corresponde con las distorsiones teológicas propias de la ICR. El establecimiento de categorías entre las posibles uniones entre un hombre y una mujer recuerda otros procesos de jerarquización similares característicos de esta iglesia: el más evidente es el de los propios fieles, cuyo grado de autoridad está rígidamente organizado desde el papa hasta los creyentes comunes. Pero el fenómeno trasciende a las esferas celestiales, donde supuestamente existe una escala de santidad desde los beatos hasta Dios, pasando por los santos y María, amén de los diversos grados de ángeles, arcángeles, etcétera. Del mismo modo, la sacralidad del matrimonio presenta grados diversos a los que el derecho canónico responde con su compleja casuística.


Sacramentalismo

Estas peculiaridades del derecho canónico de la ICR no pasarían de ser curiosidades de la práctica de una institución considerada arcaica por mucha gente (incluso entre sus fieles), si no fuera por su gran peso sobre el conjunto de la sociedad (incluso en estados oficialmente aconfesionales como España). Pero lo más grave, a mi juicio, es que se hace pasar por cristiana una concepción del matrimonio que dista enormemente de la que la Biblia presenta.

En primer lugar, el propio concepto de derecho canónico es contrario a las orientaciones del Nuevo Testamento. Una vez superado el régimen político-legal del antiguo Israel, los miembros de la iglesia cristiana se rigen en cuanto a asuntos civiles por la normativa legal de la sociedad en la que residen. No hay en todo el Nuevo Testamento el más mínimo atisbo de que una regulación eclesiástica pueda hacerse extensiva a toda la sociedad, sino sólo a los adultos que voluntariamente se unen a la iglesia mediante el bautismo (algo que también la ICR ha trastocado). El derecho canónico no es más que el resultado de una imposición clerical sobre el conjunto de la sociedad, en la que las normas eclesiásticas se solapan y se mezclan con el derecho civil (ver Mentalidades católica y protestante).

Pero es que además los cánones que regulan el matrimonio (1055-1165) ni siquiera se inspiran en la Palabra de Dios. Por ejemplo, el propio Jesús admitió el divorcio en caso de fornicación (Mateo 5: 32), mientras que el derecho canónico, fiel a la indisolubilidad férrea del catolicismo postridentino, se limita a aceptar la separación (cánones 1151-1155). Así lo corrobora el canonista Rafael Higueras: «Si la infidelidad es considerada como “un adulterio de hecho”, no rompería el vínculo» (Zenit, 2.2.04). Estos asuntos son sin duda complejos de tratar, tanto desde el punto de vista del derecho civil como desde el religioso, pero los enrevesados vericuetos del derecho canónico, más que contribuir a aclarar y orientar a los fieles, construyen un confuso edificio de disposiciones casuísticas sobre las que planean el clericalismo y una errónea concepción sacramental del matrimonio. Errónea desde el punto de vista cristiano, pues tanto el Evangelio como la historia dejan claro que los primeros cristianos, que se unían en matrimonio civil según las disposiciones jurídicas de la sociedad en la que vivían, concebían esta institución como compromiso firme y duradero (Hebreos 13: 4), pero no como “sacramento”, en el sentido católico actual. Según éste, la validación del matrimonio procede de la sanción eclesiástica, mediante la transferencia de gracia que la iglesia, a través del sacerdote, realiza. Según la Biblia, la gracia es impartida directamente por Dios al creyente, por medio de Jesucristo, sin otra mediación humana (1 Timoteo 2: 5).

En el caso de las nulidades matrimoniales, las disposiciones del derecho canónico alcanzan extremos que rozan lo blasfemo. Rafael Higueras aclara que «cuando la Iglesia declara nulo un matrimonio lo que hace es declarar que aquel matrimonio en cuestión “no existió nunca”» (loc. cit.). Según el catedrático de Derecho Canónico Rafael Navarro-Valls «la nulidad no es una especie de “divorcio” eclesiástico, sino una institución que significa la declaración de invalidez (de inexistencia) de un matrimonio. […] Un tribunal eclesiástico lo que hace es declarar que un matrimonio no había existido nunca, sino sólo su apariencia» (Zenit, 2.2.04). Al dotar a “la Iglesia” (i. e., a la jerarquía) del poder de declarar la inexistencia de un vínculo que a todas luces ha existido, la ICR detenta una vez más una función exclusiva de Dios.

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