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La agencia vaticana Zenit informaba de la detención de ocho personas, los días 19 y 20 de agosto, acusadas de practicar el cristianismo en Arabia Saudita. Uno de ellos podría enfrentarse a la pena de muerte al ser un converso del Islam, y por tanto considerado "apóstata". Este tipo de actos son muy frecuentes en un país en el que no se respetan los derechos humanos básicos. Por ejemplo, la polícía religiosa puede entrar sin autorización legal en los domicilios para supervisar el cumplimiento de las costumbres islámicas.

Se trata de un ejemplo más de la forma en que se conculcan los derechos humanos básicos en un país oficialmente islámico. Pero también es significativo el que este tipo de sucesos apenas tengan cabida en los medios de comunicación masiva.

Como consecuencia de la actual crisis internacional se están dando a conocer en ciertos medios las estrechas conexiones históricas (recientes) entre los servicios secretos de Estados Unidos y los talibán afganos (ver "Los talibán. Sobre un régimen con los días contados"). Pero no olvidemos que en Irak se equipó a Sadam Hussein con abundante armamento europeo y estadounidense, a fin de que su régimen, mucho más occidentalizado que los del área, sirviera de freno a la ola de integrismo islámico desatada con la revolución de Jomeini en Irán. De ahí la guerra entre ambos países.

Cuando los regímenes de Irak y Afganistán se desviaron de las directrices impuestas por sus patronos (invadiendo Kuwait el primero, acogiendo a Bin Laden el segundo), pasaron a constituir lo que Estados Unidos denominó "estados gamberros" (es decir, opuestos a sus intereses en la región över "La guerra del golfo no ha terminado").

Mientras tanto, Arabia Saudita ha venido manteniendo un régimen de terror, con una de las aplicaciones más estrictas de la sharia, sin que (excepto en casos puntuales) haya sido denunciado por parte de los políticos y de la prensa occidentales. El caso de Afganistán resulta impactante en la medida en que una sociedad que había alcanzado cierto grado (muy limitado) de "modernización" bajo el régimen procomunista se ha visto desde la "revolución talibán" hostigada por una represión sistemática, a la cual la población parece haberse resignado. La guerra civil, que aún colea, ha venido a agravar la situación.

En Arabia, en cambio, la opresión social ha sido continua y así se mantiene. Aunque el tratamiento por los medios no viene revestido de la espectacularidad con que se ha narrado la tragedia afgana, la situación de la población en relación con las libertades (y sin tener en cuenta, por tanto, las enormes diferencias socioeconómicas), es similar en uno y otro país. No se ha procedido a someter a las mujeres o a los opositores saudíes porque siempre han estado sometidos, bajo leyes y procedimientos equiparables a los afganos.

La principal diferencia reside en que Afganistán es un "estado gamberro" y Arabia Saudita un estado aliado.

El escándalo de Gescartera ha devuelto al primer plano de la actualidad la corrupción política y económica en España.

En síntesis, el negocio se basó en una simple operación de ingeniería financiera trufada de estafa: en un momento dado se comunicó a los inversores que sus fondos se iban a trasladar a una cuenta corriente de jugosa y rápida rentabilidad. En la práctica, fueron a parar a paraísos fiscales en el extranjero. ¿Cómo se pagaba a los inversores los intereses de tan lucrativa cuenta? Mediante los fondos de nuevos inversores seducidos por el atractivo de la misma, así como convencidos del chollo por el prestigio y las influencias del entorno de Gescartera (políticos, organizaciones tan "respetables" como la ONCE, etc.).

Durante los primeros meses se habló de 18.000 millones de pesetas robadas. Las últimas noticias, procedentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hablan de 60.000 o incluso de 80.000 millones, sin descartar que puedan ser aún más.

Pero el escándalo de Gescartera, como ya es público y notorio, no se limita a la monumental evasión de capital robado. Hay otros dos elementos que agravan los hechos, generando un desconcierto al que, según parece, no son muchos los que saben dar una explicación correcta.

En primer lugar, la ya mencionada participación de políticos y de altas instituciones financieras en este turbio asunto. Llama en especial la atención la implicación de Luis Ramallo, ex presidente de la CNMV, al parecer cuando todavía estaba al frente de esta institución. Se recordará que Ramallo, como diputado del PP, fue uno de los látigos de la corrupción de los gobiernos del PSOE en los años 90.

Por otra parte, y cuando en las filas del PSOE se frotaban las manos pensando que tenían escándalo para rato, saltó la noticia de que un prominente miembro de este partido también se hallaba implicado en el asunto. Se trata de Miguel Cruz, asesor fiscal de la Fundación ONCE en el momento en que ésta entraba –por cierto, en más que irregulares condiciones–en el seno de Gescartera.

Habrá quienes se echen las manos a la cabeza al constatar que, de nuevo, y esta vez también desde las filas del PP, hay políticos involucrados en asuntos de corrupción. Personalmente, me parece natural escandalizarse, pero no asombrarse. Aparte de la condición humana, a la que no escapan los políticos, recuérdese el hecho (en el que ya hemos incidido en otra parte: ("Políticos mediocres") de que en este país la corrupción político-financiera ha quedado prácticamente impune. Fuera de algunos cabezas de turco que han pagado con la prisión (caso de Roldán), los máximos responsables de los peores escándalos (como Filesa) se han librado por completo de la acción de la justicia.

Pero la impunidad alimenta la reiteración en las actitudes corruptas; de algún modo, incluso las incentiva de manera directa, al menos cuando el tentado o implicado es lo que popularmente se llama "un pez gordo".

El segundo elemento al que aludíamos, y que también contribuye no poco a agravar el escándalo, tiene que ver con los inversores en Gescartera. Además de cuantiosas sumas de dinero negro cuyos (ex) dueños, como es natural, no se atreven a dar la cara, buena parte de los fondos pertenecía a entidades supuestamente no lucrativas: desde Huérfanos de la Guardia Civil hasta ONG y varias diócesis de la Iglesia Católica Romana (ICR).

Como es esperable en una sociedad presuntamente democrática, no han sido pocas las voces que se han elevado contra el proceder de semejantes inversores. En especial, y en gran parte debido a la autoexigencia de ejemplaridad moral que muchos le atribuyen, ha sido fuerte el clamor contra las inversiones en Gescartera por parte de la iglesia mayoritaria en nuestro país.

Esto ha desatado las iras de algún prelado. Según el boletín vaticano Zenit, en una noticia titulada "Gescartera: la iglesia española, víctima y además perseguida" (www.zenit.org, 28.8.01), el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol «ha denunciado la actitud demencial y anticlerical de partidos políticos en relación con la Iglesia en el asunto Gescartera». La tan amarga como furibunda queja de José Gea, el obispo en cuestión, se basa en que la ICR, víctima de la estafa, lo estaría siendo también de una campaña de políticos y medios de comunicación. Según el señor Gea, éstos «dan la sensación de querer que desaparezca todo lo que pueda oler a Iglesia y a religión». Curiosamente, la noticia que citamos no entra en ningún momento en el fondo del asunto: la inversión en fondos de renta variable (es decir, la especulación financiera) por parte de una institución declaradamente filantrópica y no lucrativa, así como de algunas ONG que pertenecen a su órbita religiosa.

La queja del señor Gea merece, cuando menos, dos respuestas. La primera, que precisamente por su supuesto carácter no lucrativo la ICR y sus organizaciones afines disfrutan de enormes exenciones fiscales; y que por ese mismo carácter, así como por su atávico dominio sobre las conciencias de este país (que le ha permitido, entre otras cosas, ser poseedora de un enorme patrimonio histórico-artístico), es la principal receptora de subvenciones en todo el estado español. En otras palabras, todos los españoles, católicos romanos o no, financian a la ICR por una u otra vía.

Si ahora resulta que destina parte de sus ingresos (incluidos los teóricamente destinados a los necesitados, como cabe deducir por los fondos de Cáritas y Manos Unidas en Gescartera) a especular con ellos, resulta evidente que está contraviniendo el requisito de no lucrarse; cabría pues exigir que deje de tratársela como entidad no lucrativa. El caso es tan obvio que hasta un conspicuo periodista habitualmente cercano a la ICR, como es Luis María Ansón, ha declarado (La Razón, 22.8.01): «La Iglesia Católica española no puede dar la callada por respuesta. La Conferencia Episcopal debe aclarar o hacer que aclaren obispados y órdenes religiosas por qué invirtieron su dinero en Gescartera. Si se ha caído en la tentación de especular hay que decirlo.»

O como dice Antonio Sáenz de Miera (El País, 29.8.01): «Hay fronteras que no se pueden traspasar. Me temo, concretamente, que riesgo y filantropía no sean, en propiedad, conceptos compatibles.»

La segunda réplica al señor Gea concierne a su acusación de "anticlericalismo", que él, como otras instancias de la ICR, aparentemente maneja como cortina de humo para tapar el fondo del asunto.

En relación con ello, empecemos diciendo que el anticlericalismo español, entendido como ataques a la ICR de parte de otros sectores de la nación, no carece en España de razones bien fundadas; y no todas ellas históricas, por cierto. Ya más arriba me he referido a la injusticia que supone que todos los españoles, con independencia de sus creencias, financien a la ICR. Y podríamos aludir igualmente a otros privilegios de esta misma institución frente a otras iglesias y confesiones religiosas (protestantes, judíos, musulmanes...), a pesar de la igualdad religiosa proclamada por la Constitución y otros preceptos legales. Por ejemplo, en el acceso a los medios de comunicación públicos.

Pero además debe añadirse que no hay razones para pensar que sea el anticlericalismo lo que mueve, al menos como primer motivo, a acusar a la ICR en relación con el caso Gescartera. Antes bien, como ya queda dicho, es su condición presunta de entidad no lucrativa lo que provoca el justo clamor.

A mi modo de ver, más que fijarnos en el supuesto "anticlericalismo" de los críticos de la ICR en relación con Gescartera, haríamos bien en contemplar todo el caso y las circunstancias que lo rodean como un nuevo y palmario ejemplo del trato de favor que reclama para sí el clericalismo. Un concepto, por cierto, mucho más profundo de lo que habitualmente se cree. Pues alude a toda una mentalidad según la cual la superioridad en el plano espiritual (de los clérigos sobre los laicos) debe tener un lógico correlato en forma de superioridad también en el plano temporal (de la estructura de la ICR sobre el resto de la sociedad).

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Informar sobre los numerosos crímenes que tienen lugar en España resultaría imposible. Pero de vez en cuando los medios de comunicación hacen un seguimiento de algún que otro caso, desde que se produce hasta que se emite una sentencia contra o a favor de los acusados. El factor determinante de que suceda así es la demanda de la audiencia media, que quiere estar informada sobre sucesos en los que encuentra elementos de interés: normalmente los más escabrosos, aquellos en los que la perversión humana se manifiesta más crudamente. También gozan de gran audiencia los detalles sobre la vida y las prácticas sexuales de los implicados: víctimas, agresores, familiares...

Recientemente ha ocurrido con el caso de Rocío Wanninkhof. Hace años tuvimos que soportar todos los detalles del oscuro culebrón de las niñas de Alcaçer, no sólo en las revistas cardiacas, sino en gran parte de la prensa seria. A veces hay incursiones de casos extranjeros, como el de O. J. Simpson, una persona popular en Estados Unidos, pero poco conocida (hasta entonces) en España. Su fama se debía a practicar un deporte sin tradición en nuestro país (y en muchos otros en los que se hizo famoso por el proceso). Las grandes empresas de comunicación tienen la capacidad de convertir un caso nacional (más bien local) en una noticia de interés internacional. Para ello cuentan con la morbosidad de millones de consumidores ávidos de saciar su sed de aberraciones.

¿Qué necesidad tienen los medios informativos (especialmente los públicos) de malgastar su limitado tiempo o espacio, en los que tantos asuntos de interés se podrían tratar, con noticias de este tipo? ¿Qué necesidad tenemos de conocer los detalles macabros de la maldad humana? Es triste que en una sociedad a la que tanto le cueste aceptar la maldad radical del ser humano, existan sin embargo tantas personas que parezcan necesitar regodearse en la perversión ajena, quizá para convencerse de que ellas son buenas.

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